Nosotros, que habíamos acusado tanto

Nosotros, que habíamos acusado tanto

La UDI tiene un problema, y es que, junto con sus socios, ha dedicado un largo tiempo a alentar la presentación de denuncias, asimilándolas rápidamente a acusaciones con fundamento.

Víctor Maldonado


La prueba aún no empieza

De las desgracias no hay que alegrarse nunca, aunque sean lejanas o ajenas. El caso es que se han empezado a encontrar irregularidades en municipios UDI y no parece que esto se vaya a detener en la primera irregularidad encontrada en Huechuraba.

Desde luego, alcaldes por demás locuaces han desaparecido de las cámaras en estos días, y no ha de ser porque tengan explicaciones fáciles de dar.

El presidente de la UDI, Hernán Larraín, ha expresado todo en pocas palabras: “Sentimos mucho pesar por esta situación que se ha extendido más allá de lo que nadie entre nosotros podía haber imaginado”. Puesto en una situación muy difícil, el líder gremialista entregó ese tipo de respaldo que causa más temor que alivio en los aludidos: “Tenemos plena confianza en nuestros alcaldes que han sido objeto de acusaciones y denuncias. Pero si se acreditan los hechos, no nos va a temblar la mano para aplicar las sanciones de acuerdo a su gravedad”.

Se entiende el nivel de sorpresa y malestar que se observa en la UDI. Las acusaciones tienen la rara propiedad de atraer a otras. Nunca vienen solas, sino en seguidilla. Mientras las denuncias se concentran en un foco, pueden ser controladas, con algún esfuerzo pero con seguridad. Sin embargo, cuando se produce esta especie de metástasis, se entra en un problema de marca mayor, del cual es difícil de salir.

Allí es precisamente a donde se ha llegado. Lo que en un primer momento fue Huechuraba, ahora se reproduce -con otras particularidades- en Recoleta y Colina, y ya se menciona a Viña del Mar.

La derecha está sorprendida pero, al mismo tiempo y por sus reacciones iniciales, no deja de ser sorprendente. Ahora, ante un posible caso de corrupción que involucra a militantes de uno de sus partidos, se han empezado a felicitar entre sí antes de hacer nada.

Los dirigentes opositores, así como sus medios de comunicación afines (es decir, casi todos), se han adelantado tanto en anunciar que van a actuar correctamente, que no están esperando a que ello ocurra para empezar a congratularse unos con otros. En el extremo, y rozando lo indecoroso, han llegado a decir y editorializar que es “una gran oportunidad” para la UDI. Así, tal cual.

Lo que ocurre es que en el gremialismo se considera una virtud el que esta situación (acusaciones y recriminaciones mutuas) se dé entre miembros de un mismo partido, los que han demostrado que no tienen ninguna dificultad para “transparentar” una situación reñida con la probidad. En esta lógica, si el partido los sanciona, demuestra que “no hay defensas corporativas”.

Apláudanme por favor

Para qué decir nada respecto de que en casos semejantes bien conocidos, los hoy ponderados jueces de sí mismos dieron con acusar a unos y otros sin distinción ninguna y sin esperar a la presentación de pruebas.

No se entiende por qué en la derecha pueda alguien sentirse pionero de la probidad. Lo que la UDI tiene la intención de hacer, la Concertación ya lo hizo. Todos recordarán que, ante el primer caso de alto impacto público en el Gobierno de Ricardo Lagos se estableció el criterio del “caiga quien caiga”, se cooperó con las investigaciones del caso, se cambiaron los procedimientos internos haciéndolos mucho más estrictos y se introdujo una amplia legislación para impedir repeticiones. No hay en todo esto defensas corporativas. Pero sí un cuidado especial en poner el acento en las soluciones más que en las declaraciones. ¿Qué de nuevo y elogiable tendría la UDI al cumplir con sus obligaciones cívicas y éticas?

En realidad, en el gremialismo no se han dado cuenta que han colaborado activamente a que impere una lógica de la sospecha, de la que creen verse inmunes. Caricaturizando, se puede decir que esperan el reconocimiento de los demás al inaugurar un original ciclo de la probidad: primero, un UDI se lleva algo para la casa; segundo, otro UDI lo denuncia; tercero, un UDI lo sanciona; cuarto, todos aplauden. ¡Es esperar mucho de la paciencia ajena!

La pregunta que tienen que hacerse no es si el ciclo termina con las sanciones, sino por qué los integrantes de su partido han entrado en el ciclo de la corrupción. Lo que uno espera es menos editoriales, y más compostura.

Viendo todo esto, lo que en verdad sorprende es la comedida cautela de los miembros de la Concertación en reaccionar. Se ha podido ver que sus dirigentes han esperando a saber de qué se trata con exactitud todo esto antes de empezar a opinar con soltura. Nadie a tratado a la UDI de corrupta ni ha pedido el desalojo de nadie.

Lo que corresponde es poner un alto a tanto apuro y liviandad. Se necesita ponderar y hacerse un juicio certero sobre los casos que se presentan.

La cosecha de lo sembrado

Lo que primero que ha ocurrido es que se ha presentado una denuncia en un municipio en concreto. Se han presentado acusaciones cruzadas entre la alcaldesa y funcionarios. La palabra que más se repite es la de negociado. Las recriminaciones mutuas se dieron a conocer a la opinión pública incluso antes de saber exactamente de qué se trataba.

¿Qué tenemos hasta ahora? Estrictamente hablando, nada. Todos podrán reconocer que, ante una denuncia, no hay que reaccionar con histeria o escándalo, sino apresurarse en indagar la verdad de los hechos imputados. Mientras, no hay que adelantar ningún juicio moral.

Antes que todo, calma. Un sector político siempre sabe cuánto se mete en un tema de probidad, pero nunca cómo y cuándo saldrá del atolladero. Hay que ir por partes.

Ahora todos podrán apreciar más fácilmente que la responsabilidad de una organización política comienza desde que tiene información sobre lo que ocurre.

En el caso puntual, los responsables institucionales partidarios han hecho lo que correspondía: fijar el criterio con el cual buscarán a quienes pudieran ser culpables, no importando quiénes sean y -esperamos- cuántos sean.

Sin embargo, la verdadera prueba aún no ha comenzado. Por lo regular un partido se prepara para un evento único, no una sucesión de eventos. Y lo que ocurre cuando se encuentra una hebra es que en ella el principio no coincide con el final.

Por eso el indicador que nos señala cómo se ha de juzgar un partido es el de la persistencia y la coherencia en mantener la posición originalmente adoptada. Algo que deben aprender quienes están en medio de una tensión partidaria fuerte es que los presuntos implicados -y quienes se implican solos sin que nadie los llame-, adoptan cursos de acción impensados, que agravan las cosas. En poco tiempo, no se tiene un problema, sino una familia de problemas.

Por supuesto es muy entendible que alguien que ve afectada su reputación, reaccione en defensa propia. El inicio del control no aparece sino hasta cuando el conjunto de los involucrados deja de sentir una compulsión diaria por hacer declaraciones. Como todos podemos apreciar, aún no se ha llegado a ese punto.

Pero así transcurren las crisis. Tienen un ritmo natural que difícilmente se puede alterar. En ellas es posible intervenir en el inicio mismo de la dificultad, pero cuando la información llega antes a la prensa que a los líderes más responsables, entonces hay que prepararse para un camino largo y cuesta arriba.

La UDI tiene un problema, y es que, junto con sus socios, ha dedicado un largo tiempo a alentar la presentación de denuncias, asimilándolas rápidamente a acusaciones con fundamento, y éstas a casos comprobados y con utilización política de por medio.

En este ambiente de sospechas con tan prolongado cultivo, se han presentado las acusaciones que han estallado en la cara del gremialismo. Un amplio trabajo dedicado a fomentar sospechas públicas, a acrecentarlas y a estimularlas se ha vuelto contra sus cultivadores.

Ahora resulta que los alcaldes gremialistas se quejan amargamente porque “en las denuncias vamos a caer todos”. Uno se pregunta, ¿y qué otro efecto amplio se podía esperar si para ello se trabajó tan intensamente y por tanto tiempo? ¿Nadie supo ver que el desprestigio del adversario era, al mismo tiempo, el desprestigio del sistema y de todos sus componentes, sin excepción?

Por eso, puede que en política actuar con prudencia y moderación no consiga un rápido y alto impacto mediático, pero, a la larga, es la única conducta responsable. Al menos, permite avanzar, sin destruir el propio puente por el que se transita.

Lavín y el vacío dejado por Piñera

Lavín y el vacío dejado por Piñera

En Huechuraba la derecha se ha tropezado en la misma piedra que con tanto esmero puso a sus adversarios. Ante el incendio ha golpeado al bombero temiendo que le moje la alfombra en el living.

Víctor Maldonado


En la derecha hay un vacío

CUANDO SE PERCIBE, de parte de los sectores más responsables, que se está entrando en una espiral de confrontación, todos deberían colaborar y poner de su parte para salir a tiempo de esta situación.

Lo que le toca hacer a los candidatos presidenciales es obvio. Deben presentar una precampaña equilibrada. Sebastián Piñera propone de manera débil un “nuevo trato”. Pero, en su caso, más que una línea de acción, esto parece una frase obligada.

En la práctica, la actuación de sus seguidores se concentra mucho más en el ataque que en el aporte. Incluso pensando en una distribución de papeles, el empresario se queda corto.

Todo transcurre como si Piñera no estuviera cumpliendo a cabalidad con la parte que le corresponde, y que, en realidad, estuviese hablando mediante quienes atacan o no alcanza a conducir un movimiento político que raya en la dirección correcta.

Los líderes guían un movimiento, no son arrastrados por él. Nos da la sensación de que alguien está ocupando la agresividad como parte de un movimiento intencionado y graduado.

El uso de ella se está llevando todo por delante, más allá de las intenciones y de los planes que alguien pudiera tener.

Esto hay que pararlo ahora, en su nacimiento, cuando se está a tiempo y se dispone de todas las herramientas para actuar. Creer que se puede decir todo, acusar de todo y provocar sin recibir un trato equivalente es el típico mal cálculo de los sectarios.

En el fondo, el reclamo es por una mejor política. Esta es una manera torpe y miope de practicarla. No es una falla de la dirigencia intermedia ni de los equipos de apoyo. Es una falla de conducción.

En la derecha se generó un vacío y, por ahí, entró Joaquín Lavín.

Al ex alcalde nunca hay que subestimarlo. En estos días ha hecho fuertes declaraciones que no han sido entendidas, para nada, en su propio sector. Y eso es bien curioso, porque se trata de un personaje que -al contrario de otros- dice siempre exactamente lo que quiere hacer y por qué. Por eso, seguir sus declaraciones es como sacar una radiografía de las intimidades de la derecha.

Lavín hace cuatro afirmaciones fundamentales. Primero, que la Alianza debe llevar un candidato presidencial y el hecho de que la UDI no lleve abanderado en esta ocasión no es un gran drama. Segundo, que para ganar se requiere de un clima político de entendimiento y grandes acuerdos, que es la antesala de un gobierno unidad nacional con centro en la derecha. Tercero, que no hay que cometer errores graves, como realizar acusaciones injustas con instrumentos institucionales inapropiados. Cuarto, que el tema de la corrupción no tiene color político y que el “caiga quien caiga” vale para todos.

Evitar las peleas de enanos

Cada uno de estos aspectos reviste una importancia prioritaria en estos momentos. En realidad apuntan al curso de acción que mejor favorecería a la derecha para acercarse a La Moneda. Hay que decir, sin embargo, que la dirección opositora se ha movido, en el momento decisivo, justo en dirección contraria a la que más favorecía sus pretensiones.

Comentemos los mensajes centrales del líder gremialista.

Lavín sabe que la mejor opción para que su sector gane la elección presidencial es unirse tras un candidato. Sabe también que, de manera alternativa, lo ideal es que sea la Concertación la que se divida, o que se presenten voluntarios para que surjan microcandidaturas sin más destino que debilitarla.

El ex alcalde es quien mejor lo puede saber porque, en la ocasión anterior, sufrió el ataque por la espalda de Piñera cuando se le vio débil y en bajada. Pero no parece ser el tipo de persona que abandonan las lecciones y llevarse los odios a cuestas.

Al revés, y dicho por el líder gremialista, la idea consiste en ampliar el “arco iris” de la coalición opositora para darle viabilidad al proyecto.

Nadie sabe lo que va a pasar. En una de esas se abre el espacio para una segunda candidatura presidencial, si esta vez es Piñera quien empieza a tener dificultades y la presión se hace muy fuerte para que otras personas se lancen a la palestra.

Pero, en caso contrario, las declaraciones de Lavín dan pie a esperar que intente ser el segundo Presidente de la alianza más que el segundo candidato de la alianza. Este es su curso de acción más probable.

En segundo lugar, la carrera presidencial no puede convertirse en una pelea de enanos en un callejón oscuro. Con esto quiero decir que no se puede llegar a dirigir la nación haciendo de la política una constante guerrilla en pequeños temas, tratados con escándalo y llevados a la peor forma.

A La Moneda se llega con propuestas frente a los grandes temas nacionales. Hasta el momento, los seguidores de Piñera no han sabido remontar vuelo en los contenidos y el líder gremialista lo sabe muy bien.

Se gana por coherencia, no por sorpresa

En tercer lugar, Lavín ha querido evitar que la derecha se enrede en el peor de los caminos a través de una acusación constitucional inconducente. No ha sido escuchado. Al contrario, sus socios y parte de sus amigos han aprovechado la oportunidad de decir las peores cosas de él y, en el extremo, han llegado a la burla.

Bien se decía en la antigüedad que "los dioses ciegan a los que quieren perder".

Si algo ha quedado claro en este episodio es la pésima conducción política de la derecha. El presidente de Renovación Nacional y el mismo candidato presidencial han declarado sin empacho que al acusar a la ministra Provoste no están pretendiendo decir que éste sea un problema de corrupción. Más bien lo que quieren es dar una señal pública para mejorar la educación en Chile.

Y éste es precisamente el punto central: el uso de la institucionalidad para fines distintos de aquellos para los cuales fue creada. La acusación constitucional es la máxima herramienta legal disponible para enfrentar las mayores responsabilidades personales en faltas graves en el desempeño de una función pública. No es un sistema de correo para mandar mensajes. No se puede afectar a una persona sólo porque se lo considera útil políticamente.

Pero hay más, y este es el cuarto aspecto a destacar. En el caso de Huechuraba la derecha se ha tropezado en la misma piedra que con tanto esmero puso a sus adversarios. Cuando se topa con un problema en sus filas trastabillea, encuentra excusas, da rodeos, le quita importancia y tiende a alinearse tras quien tiene todas las posibilidades de perder en una investigación de probidad. En resumen, un modelo de ineptitud política. Frente al incendio ha golpeado al bombero temiendo que le moje la alfombra en el living.

Cuando alguien dice “caiga quien caiga”, casi nunca está pensando en personas cercanas. Lamentablemente, esta buena cuña no deja espacio para decisiones y remilgos.

Donde la derecha muestra su mayor grado de torpeza es en sus reacciones frente a las declaraciones de Lavín.

Me adelanto a decir que este nivel de ineptitud estratégica debiera ser uno de los motivos de atención más importante para la Concertación. De hecho, este es el momento de tomar la iniciativa, por el camino correcto, sin prisas pero sin pausa. Lo bueno de este período es que la política se está pareciendo muy poco a un juego entre pillos con las cartas tapadas. Objetivos y estrategias y movimientos de cada uno de los actores importantes no constituyen un misterio para nadie.

Lo que sucede en Chile no va a ser producto de la excesiva astucia con la que alguien se mueva, si no de la coherencia y profundidad con la que pueda dotar a sus acciones. Se trata de hacerlo bien, no de producir sorpresas. En ese sentido, ésta ha sido la peor semana que ha tenido la derecha en mucho tiempo.

Castigo ejemplar a la inocente

Castigo ejemplar a la inocente

Si con el mediano poder que tiene la oposición es capaz de esto, nada puede esperarse de su acrecentamiento. Podría suceder que mayores intereses justifiquen más castigos a más inocentes.

Víctor Maldonado


Yo o el Apocalipsis

SI HAY ALGO que se evidencia en la acusación constitucional contra la ministra Yasna Provoste es la desproporción de las críticas, así como un claro acomodo de lo que se dice o hace a los intereses en juego.

No deja de ser extraño que, en los mismos días en que el Gobierno puede mostrar (en la mitad de su período) que está cumpliendo a tiempo y a cabalidad su programa, también sea el momento en que recibe las críticas más duras a lo que hace y a las personas que lo encabezan.

Regularmente un Gobierno es denostado por la oposición y recibe el rechazo de la opinión pública cuando no tiene nada que mostrar. Este no es el caso. Se puede estar en favor o en contra, pero no se puede decir que estamos frente a una administración que está permitiendo que el país se desintegre.

Para ofrecerse como alternativa de Gobierno no es indispensable que quienes están ocupando en este instante el poder sean mostrados como la encarnación del mal en la Tierra. Para decir que uno lo puede hacer mejor no se necesita que estemos al borde del Apocalipsis.

Cuando se reemplaza la política por un combate entre fuerzas totalmente opuestas, la prudencia y la moderación suelen ser las primeras víctimas e, inevitablemente, se cometen injusticias.

Tomemos el notable caso de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación. Usar este recurso no es cosa de todos los días. Se trata de un instrumento contemplado en nuestra institucionalidad que se aplica a los peores casos de responsabilidad personal en un ejercicio de funciones que atenta gravemente contra los intereses de la nación. No fue hecho y pensado para destituir ministros cuando lo que está en cuestión es la responsabilidad directa de funcionarios subalternos.

Cuando estamos ante este último caso, se dispone de otras herramientas, que ponen el acento en la responsabilidad política del ministro respectivo, sin tensionar el sistema al nivel que ahora observamos.

Nunca hay que olvidar que las causales para una acusación constitucional se circunscriben a haber incurrido en actos que comprometan de manera grave el honor y la seguridad de la nación, cuando infringe la Constitución o las leyes, cuando deja leyes sin ejecución o comete el delito de traición, malversación de fondos públicos y sobornos. No se hizo para juzgar a un Gobierno a través de una persona ni para mandarle recados a nadie.

Buscar la Presidencia justifica los medios

Lo peor es que en la oposición son perfectamente conscientes de lo que están siendo. Hablan de corrupción, pero saben que en este caso no se aplica: porque el desorden será algo inexcusable y la fiscalización podrá ser débil para cautelar en debida forma los fondos públicos, pero estamos hablando claramente de temas de otra entidad.

A ninguno de nosotros le da lo mismo que en la calle le griten “¡desordenado!”, a que lo increpen como “¡ladrón!”. La derecha lo sabe, pero ha jugado a la confusión y a las medias verdades. Si existe una falla ética esta corre por parte de los sostenedores. Y si hay fallas en una fiscalización adecuada, esta es más estructural que debido a fallas humanas evitables.

De modo que problemas hay, deben ser enfrentados y se requiere de manera urgente el perfeccionamiento del Estado y sus órganos fiscalizadores. Además, se ha de ser más pulcro en el desempeño de las funciones públicas.

Todo eso es cierto y cada uno de estos factores estará presente en alguna proporción. Pero ni siquiera en la oposición hay alguien que se atreva a decir que la ministra es personalmente responsable de malversar fondos públicos o de no cumplir o abandonar sus funciones, que es -precisamente- lo que ameritaría que fuera acusada del modo más formal y solemne que nuestra Constitución contempla.

No, lo que están tratando de hacer, lo que dicen en privado que están haciendo, es querer darle una lección al Gobierno en el tema de la probidad. Con razón o sin ella, quieren actuar en este caso a modo de ejemplo. En su fuero interno, saben que la persona a la que están dañando no lo merece.

Saben que el caso no lo amerita. Saben que la acusación no se sostiene sobre sólidas bases aportadas por los organismos responsables, sino por lo que ha parecido en la prensa, mal informado, digerido a medias, distorsionado como pocas veces hemos visto, en un ambiente de alarma pública artificial y dañina.

El que saque bien las cuentas, que tiene la primera piedra

Ahora resulta que el contralor Ramiro Mendoza ha asistido a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Educación, y ha señalado que reitera una vez más que “no hemos dicho nunca que haya corrupción”. Dice haber recibido todo el apoyo del ministerio y que al hablar de las cifras siderales que la prensa cubrió estaba simplemente hablando del “orden de magnitud”. Por cierto, el contralor identifica todos los problemas que hemos enunciado antes, pero en lo medular deja en muy mal pie a los acusadores.

Muy clarificador de su parte. Lo que sorprende un poco es que, y empleando sus palabras, habiendo dicho esto “reiteradamente” en los días anteriores, nadie del Gobierno ni de la oposición se hubiera dado cuenta, y hayamos tenido que llegar a estas alturas de un grave conflicto para saber lo que se pudo haber clarificado bastante mejor desde un principio. Al parecer las debilidades institucionales no son patrimonio exclusivo del Ejecutivo.

Pero las cosas son como son y no como debían ser. Lo cierto es que, basándonos en lo que el contralor acaba de informarnos, podemos concluir que la acusación constitucional no tiene piso. Éstas no son sus palabras, pero es la conclusión política que se deriva de sus dichos.

Esto lo sabe perfectamente la derecha, que se ha sostenido en los dichos y los silencios del contralor para sostener sus acusaciones y, lo que ahora sabemos, son suposiciones de los demás respecto de sus dichos.

A la opinión pública le ha faltado información precisa y rigurosa. Se informó a medias y mal, no se dijo nada que comprometiera a una autoridad pública, pero tampoco se dijo nada mientras cada cual se formaba una opinión desastrosa sobre este “escándalo”. Por eso una discusión que nunca debe dejar de ser seria hizo una larga parada por la prensa amarilla. De allí nada sale indemne.

Con todo, casi se puede apostar a que los nuevos antecedentes no modificarán la conducta de la derecha, simplemente porque la verdad esté siendo establecida. Y es un grave problema para todos.

Se trata de una falla política, pero también se trata de una falla ética. Lo que están haciendo es tratar de que se ponga un “castigo ejemplar a la inocente”. Quieren transmitir un mensaje político. Quieren infligir una derrota política al Gobierno. Quieren mostrar que todo ministro está a su alcance, que pueden ser derribados. Quieren decirnos a los demás que se están aprontando a ganar la próxima elección presidencial. Quieren decirlo todo y para eso están utilizando el caso de una ministra mal acusada por algo de lo que no es responsable.

Es algo muy parecido al viejo dicho de que el fin justifica los medios. Si con el mediano poder que tiene la oposición es capaz de esto, nada puede esperarse de su acrecentamiento. Entonces podría suceder que mayores intereses justifiquen más castigos a más inocentes y durante más tiempo.

En realidad, lo mejor que le podría pasar la oposición es que su acusación resultara derrotada. Porque de una mala iniciativa política uno se recupera. Pero las injusticias evidentes son recordadas por largo tiempo y se lanzan siempre al rostro de quien cometió la falta.

Los defensores de la probidad

Los defensores de la probidad

El debate sobre Estado, ética y administración recién está iniciándose. No hay que dejar que se pierda entre la búsqueda de intereses de coyuntura.

Víctor Maldonado


El camino de la beligerancia

En definitiva, la oposición enrumbó a presentar una acusación constitucional contra la ministra de Educación, Yasna Provoste.

Si hubiera procesado de manera adecuada los argumentos presentados por la autoridad pública en la Cámara de Diputados, bien pudo haber actuado de forma diferente. Pero si la oposición tuviera la costumbre de rectificar el rumbo luego de un adecuado análisis de la realidad, hace tiempo que habría cumplido su sueño de la alternancia.

La derecha se está dejando posesionar de un estado de ánimo beligerante, creyendo que por este camino logra acercarse más a su objetivo de alcanzar La Moneda. Muchos de sus líderes estiman que el “desalojo” se inicia promoviendo el convencimiento ciudadano de que la Concertación es un grupo político irremediablemente corrupto y decididamente inepta para conducir al país.

Puede que en política sembrar la cizaña, en determinadas circunstancias, constituya un curso de acción que consiga algunas ventajas parciales. Pero incluso quienes confían en usar este tipo de armas -tan cuestionables- deben saber que todo tiene su límite. Si se abusa de los procedimientos descalificatorios a ultranza se termina por causar un daño al sistema, no a los adversarios.

Si en las encuestas el oficialismo sube o baja según su desempeño y la oposición sigue donde mismo (es decir, con un alto rechazo) no ha de ser porque haya manifestado una conducta particularmente atinada.

En todo caso, hay que contar en la escenografía política de los próximos dos años con un constante fluir de denuncias, acusaciones y producción de escándalos, del más variado tipo y en las más variadas circunstancias.

Ante esta situación, al Gobierno sólo le caben dos actitudes posibles: dejarse ganar por el fatalismo, defenderse en el último momento y considerar cada caso en forma aislada; o (lo que parece más razonable) afrontar de manera decidida los casos que se presenten, con visión de conjunto, desde el principio y preparándose a ganar los debates que se inicien en torno a la probidad.

El punto más importante en esta materia es saber, desde la partida, en qué lugar se posiciona el Gobierno frente a las acusaciones. Es decir, si adopta el papel de inculpado o de garante del bien común.

Garantes de la probidad

La oposición no está tratando de detectar irregularidades específicas para posibilitar enmiendas y sancionar a responsables individuales. Al menos no es esa su preocupación central.

Lo que está tratando de hacer es imponer una interpretación según la cual es la coalición de Gobierno en sí misma la que se ha corrompido, de tal forma que ya no es capaz de hacer nada sin generar irregularidades, mal uso de los fondos públicos y faltas a la probidad.

Por eso fue que, en una comisión parlamentaria, la ministra Provoste se dedicó tres horas a dar explicaciones exactas y verificables ante un auditorio opositor que escuchó pero no quiso oír. Casi de inmediato después de la sesión se acordaba seguir adelante con la acusación constitucional: esto es muy demostrativo de lo que está pasando.

Esta es una situación que obliga a distinguir: por un lado el Ejecutivo debe prestar su plena colaboración a los órganos fiscalizadores; por otro, no tiene por qué aceptar las interpretaciones interesadas que lo hacen pasar de perjudicado por los infractores de las normas éticas a partícipe de infracciones que el mismo Ejecutivo detecta, investiga y sanciona.

El Gobierno no puede aceptar una interpretación de fondo que pone en duda la honorabilidad del conjunto de sus integrantes. No estamos en exclusiva ante el ejercicio puro y simple de la fiscalización parlamentaria, algo a lo que ningún demócrata puede oponerse. Lo inaceptable es la imputación de haberse convertido en fuente institucional de corrupción.

En un largo período, y considerando la multiplicidad de personas que trabajan en el Ejecutivo, no es realista pensar que jamás se han de producir ni se han de detectar, en uno u otro lugar, comportamientos reñidos con la ética pública. Pero de lo que hay que tomar debida nota es que cuando eso sucede el primer afectado, y quien primero ve su confianza traicionada, es el propio Gobierno. De alguna manera, lo mismo sienten todos quienes conforman y dan vida a la Concertación.

La razón de ser

Porque ocurre que la Concertación no es otra cosa que la confluencia pluralista de muchos hombres y mujeres que buscan representar a la mayoría del país en la construcción de una sociedad más justa, libre y solidaria. Es una construcción política al servicio de Chile.

Por eso, en el mismo instante en que alguien busca un beneficio personal ilícito, ocupando para ello puestos de responsabilidad, ha dejado de cumplir la condición básica que permite estar en el servicio público. Una alianza de centro izquierda que sabe a ciencia cierta lo que es y lo que representa resulta ser la más interesada en proteger no a los transgresores que han de responder por lo que hacen, sino la razón profunda por la que nació y se mantiene conduciendo al país.

A la Concertación se la puede juzgar por el comportamiento colectivo de sus líderes a partir de un instante muy preciso: desde el momento en que se tiene conocimiento del rompimiento de las normas éticas de parte de un funcionario.

Y lo que se ha hecho, durante todos los gobiernos de la coalición de centroizquierda, es que no se ha dudado en presentar el interés público de la nación ante los infractores, aplicando las sanciones con rigor y prontitud.

Cuando un Gobierno se corrompe, los transgresores son -en realidad- enviados por la autoridad a “robar para la Corona”. Ese no es el caso de Chile ni de sus gobernantes democráticos. Ese sí fue el caso de Pinochet y su Gobierno de triste recuerdo y de peor conducta.

Circunscribiéndonos sólo a la administración Bachelet (para hacer el cuento corto), se pueden identificar tres elementos que parecen indiscutibles: como nunca antes, se dispone ahora de la mayor y mejor información pública que permite hacer efectivo el ejercicio de la transparencia; la colaboración con los organismos fiscalizadores es permanente; y las autoridades de mayor nivel -partiendo por la Presidenta y sus ministros- en cada ocasión presentada se han puesto de parte de la probidad, sin el menor titubeo.

Pero esto no es sólo de ahora. Es en los gobiernos de la Concertación donde más avances se ha experimentado en temas de probidad.

De esta manera, prácticas que en el pasado eran corrientes hoy nadie soñaría con repetirlas. Es tanto lo que se ha cambiado al respecto que a veces se ven irregularidades, sin esperar pruebas ni explicaciones, afectando a personas plenamente honorables. Pero con todo, e incluso considerando estos excesos, la situación del país es evidentemente mejor en ética pública.

Como resultado de lo anterior, en corto tiempo y de manera profunda, ha cambiado la sensibilidad pública y política sobre qué es éticamente aceptable. Hoy todos somos más exigentes respecto de los estándares éticos que esperamos se cumplan desde el Estado.

Dos cosas son ciertas: es en la Concertación en la que han operado los mayores avances en probidad, transparencia, mejoras legales y reglamentarias y definiciones precisas de códigos éticos; al mismo tiempo, se han presentado irregularidades, muestras de desorden administrativo e incapacidad de la administración pública de mostrarse a la altura de sus actuales responsabilidades. Pero las fallas son motivos para modernizar el Estado, no para denigrarlo; para fortalecerlo, no para hacerle una crítica fácil; para felicitar a los que logran cumplir pese a tantas limitaciones prácticas, no hacer un solo paquete y llamarlos a todos de la peor forma.

Nadie niega los problemas, pero tampoco hay por qué negar los avances evidentes que se pueden exhibir.

El debate sobre Estado, ética y administración recién está iniciándose. No hay que dejar que se pierda entre la búsqueda de intereses de coyuntura y una reducida intención de construir y aportar. No hemos avanzado tanto para protagonizar un debate tan pobre.