Castigo ejemplar a la inocente

Castigo ejemplar a la inocente

Si con el mediano poder que tiene la oposición es capaz de esto, nada puede esperarse de su acrecentamiento. Podría suceder que mayores intereses justifiquen más castigos a más inocentes.

Víctor Maldonado


Yo o el Apocalipsis

SI HAY ALGO que se evidencia en la acusación constitucional contra la ministra Yasna Provoste es la desproporción de las críticas, así como un claro acomodo de lo que se dice o hace a los intereses en juego.

No deja de ser extraño que, en los mismos días en que el Gobierno puede mostrar (en la mitad de su período) que está cumpliendo a tiempo y a cabalidad su programa, también sea el momento en que recibe las críticas más duras a lo que hace y a las personas que lo encabezan.

Regularmente un Gobierno es denostado por la oposición y recibe el rechazo de la opinión pública cuando no tiene nada que mostrar. Este no es el caso. Se puede estar en favor o en contra, pero no se puede decir que estamos frente a una administración que está permitiendo que el país se desintegre.

Para ofrecerse como alternativa de Gobierno no es indispensable que quienes están ocupando en este instante el poder sean mostrados como la encarnación del mal en la Tierra. Para decir que uno lo puede hacer mejor no se necesita que estemos al borde del Apocalipsis.

Cuando se reemplaza la política por un combate entre fuerzas totalmente opuestas, la prudencia y la moderación suelen ser las primeras víctimas e, inevitablemente, se cometen injusticias.

Tomemos el notable caso de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación. Usar este recurso no es cosa de todos los días. Se trata de un instrumento contemplado en nuestra institucionalidad que se aplica a los peores casos de responsabilidad personal en un ejercicio de funciones que atenta gravemente contra los intereses de la nación. No fue hecho y pensado para destituir ministros cuando lo que está en cuestión es la responsabilidad directa de funcionarios subalternos.

Cuando estamos ante este último caso, se dispone de otras herramientas, que ponen el acento en la responsabilidad política del ministro respectivo, sin tensionar el sistema al nivel que ahora observamos.

Nunca hay que olvidar que las causales para una acusación constitucional se circunscriben a haber incurrido en actos que comprometan de manera grave el honor y la seguridad de la nación, cuando infringe la Constitución o las leyes, cuando deja leyes sin ejecución o comete el delito de traición, malversación de fondos públicos y sobornos. No se hizo para juzgar a un Gobierno a través de una persona ni para mandarle recados a nadie.

Buscar la Presidencia justifica los medios

Lo peor es que en la oposición son perfectamente conscientes de lo que están siendo. Hablan de corrupción, pero saben que en este caso no se aplica: porque el desorden será algo inexcusable y la fiscalización podrá ser débil para cautelar en debida forma los fondos públicos, pero estamos hablando claramente de temas de otra entidad.

A ninguno de nosotros le da lo mismo que en la calle le griten “¡desordenado!”, a que lo increpen como “¡ladrón!”. La derecha lo sabe, pero ha jugado a la confusión y a las medias verdades. Si existe una falla ética esta corre por parte de los sostenedores. Y si hay fallas en una fiscalización adecuada, esta es más estructural que debido a fallas humanas evitables.

De modo que problemas hay, deben ser enfrentados y se requiere de manera urgente el perfeccionamiento del Estado y sus órganos fiscalizadores. Además, se ha de ser más pulcro en el desempeño de las funciones públicas.

Todo eso es cierto y cada uno de estos factores estará presente en alguna proporción. Pero ni siquiera en la oposición hay alguien que se atreva a decir que la ministra es personalmente responsable de malversar fondos públicos o de no cumplir o abandonar sus funciones, que es -precisamente- lo que ameritaría que fuera acusada del modo más formal y solemne que nuestra Constitución contempla.

No, lo que están tratando de hacer, lo que dicen en privado que están haciendo, es querer darle una lección al Gobierno en el tema de la probidad. Con razón o sin ella, quieren actuar en este caso a modo de ejemplo. En su fuero interno, saben que la persona a la que están dañando no lo merece.

Saben que el caso no lo amerita. Saben que la acusación no se sostiene sobre sólidas bases aportadas por los organismos responsables, sino por lo que ha parecido en la prensa, mal informado, digerido a medias, distorsionado como pocas veces hemos visto, en un ambiente de alarma pública artificial y dañina.

El que saque bien las cuentas, que tiene la primera piedra

Ahora resulta que el contralor Ramiro Mendoza ha asistido a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Educación, y ha señalado que reitera una vez más que “no hemos dicho nunca que haya corrupción”. Dice haber recibido todo el apoyo del ministerio y que al hablar de las cifras siderales que la prensa cubrió estaba simplemente hablando del “orden de magnitud”. Por cierto, el contralor identifica todos los problemas que hemos enunciado antes, pero en lo medular deja en muy mal pie a los acusadores.

Muy clarificador de su parte. Lo que sorprende un poco es que, y empleando sus palabras, habiendo dicho esto “reiteradamente” en los días anteriores, nadie del Gobierno ni de la oposición se hubiera dado cuenta, y hayamos tenido que llegar a estas alturas de un grave conflicto para saber lo que se pudo haber clarificado bastante mejor desde un principio. Al parecer las debilidades institucionales no son patrimonio exclusivo del Ejecutivo.

Pero las cosas son como son y no como debían ser. Lo cierto es que, basándonos en lo que el contralor acaba de informarnos, podemos concluir que la acusación constitucional no tiene piso. Éstas no son sus palabras, pero es la conclusión política que se deriva de sus dichos.

Esto lo sabe perfectamente la derecha, que se ha sostenido en los dichos y los silencios del contralor para sostener sus acusaciones y, lo que ahora sabemos, son suposiciones de los demás respecto de sus dichos.

A la opinión pública le ha faltado información precisa y rigurosa. Se informó a medias y mal, no se dijo nada que comprometiera a una autoridad pública, pero tampoco se dijo nada mientras cada cual se formaba una opinión desastrosa sobre este “escándalo”. Por eso una discusión que nunca debe dejar de ser seria hizo una larga parada por la prensa amarilla. De allí nada sale indemne.

Con todo, casi se puede apostar a que los nuevos antecedentes no modificarán la conducta de la derecha, simplemente porque la verdad esté siendo establecida. Y es un grave problema para todos.

Se trata de una falla política, pero también se trata de una falla ética. Lo que están haciendo es tratar de que se ponga un “castigo ejemplar a la inocente”. Quieren transmitir un mensaje político. Quieren infligir una derrota política al Gobierno. Quieren mostrar que todo ministro está a su alcance, que pueden ser derribados. Quieren decirnos a los demás que se están aprontando a ganar la próxima elección presidencial. Quieren decirlo todo y para eso están utilizando el caso de una ministra mal acusada por algo de lo que no es responsable.

Es algo muy parecido al viejo dicho de que el fin justifica los medios. Si con el mediano poder que tiene la oposición es capaz de esto, nada puede esperarse de su acrecentamiento. Entonces podría suceder que mayores intereses justifiquen más castigos a más inocentes y durante más tiempo.

En realidad, lo mejor que le podría pasar la oposición es que su acusación resultara derrotada. Porque de una mala iniciativa política uno se recupera. Pero las injusticias evidentes son recordadas por largo tiempo y se lanzan siempre al rostro de quien cometió la falta.