Los defensores de la probidad

Los defensores de la probidad

El debate sobre Estado, ética y administración recién está iniciándose. No hay que dejar que se pierda entre la búsqueda de intereses de coyuntura.

Víctor Maldonado


El camino de la beligerancia

En definitiva, la oposición enrumbó a presentar una acusación constitucional contra la ministra de Educación, Yasna Provoste.

Si hubiera procesado de manera adecuada los argumentos presentados por la autoridad pública en la Cámara de Diputados, bien pudo haber actuado de forma diferente. Pero si la oposición tuviera la costumbre de rectificar el rumbo luego de un adecuado análisis de la realidad, hace tiempo que habría cumplido su sueño de la alternancia.

La derecha se está dejando posesionar de un estado de ánimo beligerante, creyendo que por este camino logra acercarse más a su objetivo de alcanzar La Moneda. Muchos de sus líderes estiman que el “desalojo” se inicia promoviendo el convencimiento ciudadano de que la Concertación es un grupo político irremediablemente corrupto y decididamente inepta para conducir al país.

Puede que en política sembrar la cizaña, en determinadas circunstancias, constituya un curso de acción que consiga algunas ventajas parciales. Pero incluso quienes confían en usar este tipo de armas -tan cuestionables- deben saber que todo tiene su límite. Si se abusa de los procedimientos descalificatorios a ultranza se termina por causar un daño al sistema, no a los adversarios.

Si en las encuestas el oficialismo sube o baja según su desempeño y la oposición sigue donde mismo (es decir, con un alto rechazo) no ha de ser porque haya manifestado una conducta particularmente atinada.

En todo caso, hay que contar en la escenografía política de los próximos dos años con un constante fluir de denuncias, acusaciones y producción de escándalos, del más variado tipo y en las más variadas circunstancias.

Ante esta situación, al Gobierno sólo le caben dos actitudes posibles: dejarse ganar por el fatalismo, defenderse en el último momento y considerar cada caso en forma aislada; o (lo que parece más razonable) afrontar de manera decidida los casos que se presenten, con visión de conjunto, desde el principio y preparándose a ganar los debates que se inicien en torno a la probidad.

El punto más importante en esta materia es saber, desde la partida, en qué lugar se posiciona el Gobierno frente a las acusaciones. Es decir, si adopta el papel de inculpado o de garante del bien común.

Garantes de la probidad

La oposición no está tratando de detectar irregularidades específicas para posibilitar enmiendas y sancionar a responsables individuales. Al menos no es esa su preocupación central.

Lo que está tratando de hacer es imponer una interpretación según la cual es la coalición de Gobierno en sí misma la que se ha corrompido, de tal forma que ya no es capaz de hacer nada sin generar irregularidades, mal uso de los fondos públicos y faltas a la probidad.

Por eso fue que, en una comisión parlamentaria, la ministra Provoste se dedicó tres horas a dar explicaciones exactas y verificables ante un auditorio opositor que escuchó pero no quiso oír. Casi de inmediato después de la sesión se acordaba seguir adelante con la acusación constitucional: esto es muy demostrativo de lo que está pasando.

Esta es una situación que obliga a distinguir: por un lado el Ejecutivo debe prestar su plena colaboración a los órganos fiscalizadores; por otro, no tiene por qué aceptar las interpretaciones interesadas que lo hacen pasar de perjudicado por los infractores de las normas éticas a partícipe de infracciones que el mismo Ejecutivo detecta, investiga y sanciona.

El Gobierno no puede aceptar una interpretación de fondo que pone en duda la honorabilidad del conjunto de sus integrantes. No estamos en exclusiva ante el ejercicio puro y simple de la fiscalización parlamentaria, algo a lo que ningún demócrata puede oponerse. Lo inaceptable es la imputación de haberse convertido en fuente institucional de corrupción.

En un largo período, y considerando la multiplicidad de personas que trabajan en el Ejecutivo, no es realista pensar que jamás se han de producir ni se han de detectar, en uno u otro lugar, comportamientos reñidos con la ética pública. Pero de lo que hay que tomar debida nota es que cuando eso sucede el primer afectado, y quien primero ve su confianza traicionada, es el propio Gobierno. De alguna manera, lo mismo sienten todos quienes conforman y dan vida a la Concertación.

La razón de ser

Porque ocurre que la Concertación no es otra cosa que la confluencia pluralista de muchos hombres y mujeres que buscan representar a la mayoría del país en la construcción de una sociedad más justa, libre y solidaria. Es una construcción política al servicio de Chile.

Por eso, en el mismo instante en que alguien busca un beneficio personal ilícito, ocupando para ello puestos de responsabilidad, ha dejado de cumplir la condición básica que permite estar en el servicio público. Una alianza de centro izquierda que sabe a ciencia cierta lo que es y lo que representa resulta ser la más interesada en proteger no a los transgresores que han de responder por lo que hacen, sino la razón profunda por la que nació y se mantiene conduciendo al país.

A la Concertación se la puede juzgar por el comportamiento colectivo de sus líderes a partir de un instante muy preciso: desde el momento en que se tiene conocimiento del rompimiento de las normas éticas de parte de un funcionario.

Y lo que se ha hecho, durante todos los gobiernos de la coalición de centroizquierda, es que no se ha dudado en presentar el interés público de la nación ante los infractores, aplicando las sanciones con rigor y prontitud.

Cuando un Gobierno se corrompe, los transgresores son -en realidad- enviados por la autoridad a “robar para la Corona”. Ese no es el caso de Chile ni de sus gobernantes democráticos. Ese sí fue el caso de Pinochet y su Gobierno de triste recuerdo y de peor conducta.

Circunscribiéndonos sólo a la administración Bachelet (para hacer el cuento corto), se pueden identificar tres elementos que parecen indiscutibles: como nunca antes, se dispone ahora de la mayor y mejor información pública que permite hacer efectivo el ejercicio de la transparencia; la colaboración con los organismos fiscalizadores es permanente; y las autoridades de mayor nivel -partiendo por la Presidenta y sus ministros- en cada ocasión presentada se han puesto de parte de la probidad, sin el menor titubeo.

Pero esto no es sólo de ahora. Es en los gobiernos de la Concertación donde más avances se ha experimentado en temas de probidad.

De esta manera, prácticas que en el pasado eran corrientes hoy nadie soñaría con repetirlas. Es tanto lo que se ha cambiado al respecto que a veces se ven irregularidades, sin esperar pruebas ni explicaciones, afectando a personas plenamente honorables. Pero con todo, e incluso considerando estos excesos, la situación del país es evidentemente mejor en ética pública.

Como resultado de lo anterior, en corto tiempo y de manera profunda, ha cambiado la sensibilidad pública y política sobre qué es éticamente aceptable. Hoy todos somos más exigentes respecto de los estándares éticos que esperamos se cumplan desde el Estado.

Dos cosas son ciertas: es en la Concertación en la que han operado los mayores avances en probidad, transparencia, mejoras legales y reglamentarias y definiciones precisas de códigos éticos; al mismo tiempo, se han presentado irregularidades, muestras de desorden administrativo e incapacidad de la administración pública de mostrarse a la altura de sus actuales responsabilidades. Pero las fallas son motivos para modernizar el Estado, no para denigrarlo; para fortalecerlo, no para hacerle una crítica fácil; para felicitar a los que logran cumplir pese a tantas limitaciones prácticas, no hacer un solo paquete y llamarlos a todos de la peor forma.

Nadie niega los problemas, pero tampoco hay por qué negar los avances evidentes que se pueden exhibir.

El debate sobre Estado, ética y administración recién está iniciándose. No hay que dejar que se pierda entre la búsqueda de intereses de coyuntura y una reducida intención de construir y aportar. No hemos avanzado tanto para protagonizar un debate tan pobre.