Mesa de diálogo y cambios legislativos

Mesa de diálogo y cambios legislativos

Víctor Maldonado


Un conflicto fuera de lo corriente

El gobierno ha enfrentando mal el conflicto mapuche. Estuvo tratando de ganar tiempo, cuando es tiempo con lo menos que cuenta. Ahora instaló un “facilitador”, lo que representa un procedimiento largo cuando lo que urge es la rapidez y prepara una mesa de diálogo sobre el Plan Araucanía, algo que puede ser importante, pero que tiene otro propósito y otra agenda.

Esta puede ser una línea de conducta correcta o incorrecta, dependiendo de si se tiene un buen diagnóstico inicial sobre las motivaciones y capacidades de quienes protagonizan la huelga de hambre mapuche.

Si lo que predomina es la manera de ver de quienes miran a este como un conflicto ordinario, centrado en intereses bien acotados, entonces la premura no será tanta, puesto que el Ejecutivo estará seguro que la amenaza de llegar hasta las últimas consecuencias no existe. Al final –pensarán los responsables de gobierno- lo que predominará será el interés por preservar la propia vida.

En este caso el fin superior a preservar desde el oficialismo es el de no perder la imagen de fuerza que se ha venido cultivando, la impronta de una administración dura que no sabe de claudicaciones y que no cede ante las presiones.

En otras palabras, el gobierno estará enfrentando esta crisis como una competencia en la que el que pierde es el que se deja amedrentar ante las amenazas de su antagonista. Se trata de una medición de fuerzas, en que gana el más duro.

Pero hay otra forma de diagnosticar lo que está pasando. Y esta forma no parte de una especie de subestimación de la contraparte. Si se considera que la contraparte se mueve por convicciones profundas, entonces se sabrá desde un principio que lo que se tiene entre manos no es un conflicto rutinario sino uno excepcional.

Lo que el otro está buscando no es un beneficio más o menos sino el reconocimiento nacional de la demanda de un colectivo. Ocurre que mientras más tiempo pasa, más tienen los actores involucrados la sensación de haber llegado más allá de lo que nadie ha alcanzado en varias décadas. Y esa es una motivación adicional para continuar.

Por lo mismo, lo que se puede esperar desde esta perspectiva es que el paso del tiempo no facilite la salida sino que la vaya haciendo más difícil.

Más aún, un participante motivado por convicciones verá en el trato displicente del Ejecutivo, la confirmación más obvia de que está siendo discriminado, y no tomado plenamente en serio. Y eso aumentará su capacidad de resistencia.

Quienes tienen a su cargo el manejo de un conflicto extraordinario deben hacer un buen empleo del tiempo disponible, el recurso principal. No se especula. No se duda. No se juega a la indiferencia. Se compromete a todos los actores disponibles en la búsqueda de la solución.

Pero en ningún caso se dan largos rodeos deslindando responsabilidades, porque el gobierno es el único que no deja nunca de estar a cargo del bien común. Mucho menos en casos como estos.

Jugando al límite

Da la sensación de que, hasta ahora, el gobierno ha estado más dedicado a calcular el costo que tendría en su prestigio e imagen pública el abrir negociaciones, que abocado a la búsqueda de la solución misma del conflicto.

Desde el inicio ha estado asociando la negociación con una demostración de debilidad.

Se entiende por qué ocurre algo así. La conducción política de derecha ha querido mostrar su desempeño en seguridad ciudadana como una diferencia comparativa a su favor frente a la Concertación.

Desde la perspectiva del actual oficialismo, la centroizquierda actuó con debilidad o negligencia contra la delincuencia y contra quienes empleaban la violencia como arma de acción política.

Por eso ahora está demostrando una confianza ilimitada en el uso de la represión inmediata y fuerte contra las manifestaciones públicas de la más diversa índole.

El resultado no se ha hecho esperar. Al correr el cerco de las acciones policiales permitidas, algunos ha sentido que es posible actuar más allá de lo que la ley permite. Hemos visto cómo se han dado de baja a efectivos de carabineros por extralimitarse en sus actuaciones, cuando ha quedado testimonio gráfico de los hechos cuestionados.

Pero estos hechos no son simplemente demostraciones de actuaciones personales que llegan al exceso. Es lo que suele ocurrir cuando la policía es requerida para todo y desde ya. Personal cansado y sobreexigido es casi garantía segura de problemas.

Las instrucciones de gobierno en materia de represión implican estar jugando permanentemente en el límite. Tarde o temprano esto tendrá malas consecuencias.

Se entenderá, entonces, que un gobierno que basa su buen concepto de sí mismo en la dureza de sus acciones, no esté dispuesto en principio a dar un tratamiento adecuado y flexible a una huelga de hambre motivada por causas que sobrepasan las motivaciones ordinarias, tal cual ha ocurrido en el caso de los comuneros mapuches.

En este caso, lo que primero ha visto el Ejecutivo es el uso de un procedimiento de presión, que fue calificado de “ilegítimo”. Desde allí lo que se esperó, por un lapso demasiado prolongado, fue que se desistieran de la huelga para de allí –sin ningún compromiso previo- se empezara a conversar. En las circunstancias en que nos encontramos esto es lo mismo que no solucionar nada, y por eso llegamos al punto actual.

En el fondo, quedar atrapado en la protección de una cultivada imagen de fortaleza es una gran debilidad. Y un grave error.

El segundo problema

Negociar no es lo mismo que claudicar. Tal como ha dicho la ex presidenta Michelle Bachelet, gobernar consiste en “generar los espacios de encontrarse, de escucharse y de buscar soluciones. Legitimar no es lo mismo que “hacerse cargo”.

La solución a la huelga de hambre de los comuneros mapuches implica combinar diálogo con cambios legales efectivos y concordados. Esto es: se requiere instalar una mesa de negociación y, en paralelo, proceder al cambio de leyes que permitan que a los comuneros se les aplique las ya fuertes sanciones de la ley común, pero no la deficiente legislación antiterrorista. En ambos aspectos hemos tenido dificultades, y en ambos casos tendremos que enmendarlos.

Ya hemos mencionado los problemas que el gobierno ha tenido para iniciar las negociaciones, aun a sabiendas de que tendrá que emplear este mecanismo de mantenerse la presión de los huelguistas. Sin embargo, tenemos que enfocarnos en las dificultades que la oposición ha encontrado para enmendar la ley antiterrorista y eliminar el segundo obstáculo importante para llegar a un acuerdo aceptable.

El oficialismo mandó al parlamento un proyecto de ley que dejaba inalterados los puntos de conflicto con los comuneros. Era, pues, imprescindible que la Concertación produjera las mejoras legislativas, aunando toda la presencia de la oposición tras un mismo propósito.

Pero, como se sabe, la centroizquierda perdió su importante –y mínima- ventaja en el senado al votar Hosaín Sabaj (DC) por la posición de gobierno en el importante punto de la inclusión de los incendios como conducta terrorista.

El tema reviste importancia porque el alineamiento concertacionista fue un trabajo serio y sistemático que alineó a directivas de partido, bancadas y equipos técnicos. Las propuestas fueron aquilatadas y consensuadas. De allí que el resultado de la votación tuviera un fuerte impacto político. El gobierno lo celebró como una gran victoria y agradeció el “aporte” del senador DC.

La situación es lamentable mirado desde la perspectiva del objetivo principal opositor: colaborar a salvar las vidas en riesgo de los comuneros. Se ha perdido tiempo justo cuando una falla puede tener costos irreparables.

Pero de lo que podemos estar seguros es que el dialogo volverá a traer los temas que se han negado a ser reformulados, porque la Concertación no los presentó por capricho, sino por el pleno convencimiento de que se trata de aspectos fundamentales a resolver.

Por eso, donde hay que poner el énfasis ahora es en asegurar la coherencia y la credibilidad de la Concertación y del PDC en el parlamento. Si la centroizquierda ha de existir como alternativa de gobierno, entonces ha de expresarlo donde es más fuerte, es decir, en el Senado.

Se trata de avanzar, no de retroceder. No hay que regalarle disidentes circunstanciales a la derecha, sino acotar los márgenes en que las diferencias se pueden expresar sin daño a un bien superior. Esto significa explicitar los acuerdos fundamentales, darlos a conocer antes de las votaciones y pedir disciplina sobre la base de consensos en lo esencial. Los partidos pueden colaborar mucho en adquirir prácticas que involucren a la opinión pública antes de las votaciones en el Senado.

La unidad requiere de coherencia en la acción, y la coherencia necesita del respeto de los consensos básicos. Los acuerdos sustantivos pueden hacerse exigibles en base a definirlos a tiempo, darlos a conocer a muchos y comprometer a los que votan. Es mucho trabajo, pero buena política. Vale la pena intentarlo.

El mejor momento y los defectos de siempre

El mejor momento y los defectos de siempre

Víctor Maldonado R.


Hijo de la audacia

Piñera tiene la capacidad de tomar buenas y malas decisiones, al mismo tiempo. Eso no es casualidad, sino el costo de un estilo que hará las grandezas y miserias de esta administración.

Hasta sus adversarios han reconocido que la virtud principal frente al tema del rescate de los mineros no ha sido la ausencia de errores (hubo dudas, momentos de desconcierto y fallas comunicacionales) sino la sostenida a puesta a comprometerse en la búsqueda. Eso resultó más valioso que todo lo anterior.

Tan impactante resultó el hallar a todos los mineros con vida que el gobierno y el presidente recibieron un fuerte espaldarazo en la opinión pública. Las encuestas dan un elocuente testimonio de su alza de popularidad. Por esta razón y porque entramos en la órbita del Bicentenario, llega la primavera, la economía continúa en alza sostenida y el empleo sube, podemos decir que hoy nos encontramos en el mejor momento del gobierno de Piñera y con perspectivas de consolidar su posicionamiento positivo.

Pero justo cuando las expectativas son las mejores, el mandatario y su gobierno parecen empeñados en perder su mejor oportunidad. Todo esto fue posible por el comportamiento del Ejecutivo en el caso de la termoeléctrica de Barracones.

Primero, en la definición de la Corema de Coquimbo no hubo ninguna duda de la voluntad gubernamental: las quince autoridades regionales designadas por Piñera votaron alineadas a favor construir la central.

Sin embargo, la reacción pública –en Santiago y regiones- fue tan potente en contra y las encuestas tan unívocas en el rechazo mayoritario, que el mandatario suspendió la construcción de la termoeléctrica. La vuelta de campana no podía quedar sin consecuencias. Y la forma en que fue comunicada (ofreciendo otro lugar, algo para lo cual Piñera no tiene atribuciones) fue la peor de las que estaban a disposición.

Barracones muestra que está confundiendo la pro actividad con la arbitrariedad, aun cuando Piñera no ha dejado de afirmar que esta medida la tomó "dentro de la institucionalidad y dentro del Estado de derecho". Pero esto no resulta muy convincente. Si el gremio empresarial se acerca a La Moneda, como lo ha hecho el presidente de la CPC, Rafael Guilisasti, es porque hay alarma. De otro modo no se explica que este último haya representado “una inquietud que existía en el sector empresarial” y que pidiera de “una señal potente de que aquí vamos a contar con la energía necesaria para el desarrollo industrial”. Esto se parece bastante a una reconvención amistosa.

El Estado soy yo

Lo que ha hecho es demostrar que toma decisiones sin establecer barreras muy definidas entre la función pública de Piñera en cuenta presidente y sus definiciones empresariales de cómo han de funcionas las cosas apegándose a su voluntad, sin consideración de las normas vigentes ni de los plazos y formas que se establecen dentro de nuestro marco institucional.

No es aceptable que el Presidente desconozca el hecho de que los estudios técnicos que requiere una central hidroeléctrica de grandes dimensiones, duran un año o más. Cambiar de ubicación para la central requiere de otro estudio de impacto ambiental. Implica un nuevo punto de partida, algo bien distinto a un cambio de menor importancia.

No está en poder de un presidente el ofrecer que una planta de casi 600 megawats se instale “un poco más allá”. Piñera no puede decir, como lo dijo, refiriéndose a la localización de central, que “hemos acordado que se hará en otro lugar”, porque esta frase no corresponde, en nuestra institucionalidad, a las funciones de un mandatario. Como dijera el profesor de derecho constitucional Javier Couso, Piñera no está en condiciones legales de acordar con una empresa el traslado de la central a otro emplazamiento: "No es algo que puede prometer, no está en su poder, él no es el rey de Chile". Esta no es una transacción entre particulares, tal como si estuvieran ofreciendo o recibiendo algo que les pertenece. Ninguno de los dos está sobre la ley y uno de ellos ha jurado expresamente respetarlas como el que más.

Esto es de una gravedad difícilmente exagerable. Un país serio y confiable se le reconoce por la estabilidad de sus normas, es decir por la ausencia de arbitrariedad y discrecionalidad. Piñera acaba de hacer todo lo contrario.

Se trata, por cierto, de un caso puntual. Pero no se trata de un comportamiento inusual y desacostumbrado.

De modo que el tema que se está poniendo en el tapete no es de la adhesión a un modelo económico que pone el acento en el papel de la empresa privada sino, precisamente, el respeto a las reglas del juego que lo hacen posible.

Tal ha sido el impacto de esta actuación presidencial, que las autoridades de gobierno han insistido con posterioridad en asegurar que la intervención del mandatario en el caso de Barracones fue un caso absolutamente excepcional. Lo que no es otra cosa que reconocer que se ha cometido un error.

Reemplazar la suerte por la coherencia

No cabe duda que la actuación del gobierno en el rescate de los mineros de San José, les devolvió el alma al cuerpo a sus partidarios. Una serie de desinteligencias y la baja continua en las encuestas venía mermando la autoconfianza.

Ahora, el estado de ánimo cambia drásticamente. Sumando esto al crecimiento económico, la llegada de septiembre con la celebración del Bicentenario y el despliegue de iniciativas parlamentarias y de políticas públicas, parecen augurar un segundo semestre de la gestión Piñera bastante más prometedor.

Sin embargo, no todas las señales son buenas. El uso drástico de la fuerza policial para evitar la amplificación de los conflictos sociales, está siendo utilizado al límite y amenaza con caer en excesos. El manejo de la huelga de hambre de los comuneros mapuches ha sufrido oscilaciones frecuentes. La zona más afectada por el terremoto y el maremoto, no es precisamente un oasis de tranquilidad. El caso Barrancones mostró una capacidad de movilización ciudadana de inusitada presencia callejera, coordinada en un tiempo muy breve.

Aun cuando nadie dudaba que las primeras encuestas después del encuentro con vida de los mineros constatarían un repunte de popularidad del gobierno y del Presidente, son pocos los que tienen la convicción de que esto marque un definitivo cambio de tendencia.

Para que ello ocurra, se requiere mucho más que jugarse por mantener la suerte del apostador empedernido y compulsivo. Tampoco se puede sostener un gobierno en base a la tendencia medida en encuestas porque, al oscilar las preferencias medidas por los estudios de opinión, oscilarían también las políticas públicas y eso sería un desastre.

Según el senador oficialista Jovino Novoa, el gobierno ya ha alcanzado la madurez. Alternativamente, Patricio Aylwin ha realizo una evaluación sucinta de la gestión Piñera al decir que “hasta aquí vamos bien, pero hasta aquí son más palabras que hechos, vamos a ver los hechos”.

Bien puede ser que la verdad se encuentre a mitad de camino de estas dos afirmaciones, es decir que la actual administración ya está mostrando su perfil y estilo característicos y que estos son, ni más ni menos que aquello que ya hemos visto. Y lo que hemos visto es un predominio de la retórica por sobre el respaldo en hechos y concreciones.

Sin embargo, no todo lo que ocurra dependerá de lo que haga el oficialismo. También la Concertación ha renovado sus equipos directivos. También a la oposición le toca consolidar estilo y un perfil. En las próximas semanas, sabremos a qué atenernos.