Las manos limpias
Las manos limpias
Víctor Maldonado
La Concertación no ha estado bajo el mando de un delincuente. Por eso nos podemos dar el lujo de hacer que las instituciones hagan su trabajo. Que la justicia juzgue sin interferencias.
Un caso emblemático
Estamos en un momento muy importante para el Gobierno de Bachelet, pero también lo es para la oposición. Lo que se define en estos días es la forma como ambos reaccionan ante un caso específico de corrupción que se ha presentado en Chiledeportes.
La derecha ha encontrado una veta para articular su discurso frente a la Concertación. En esta batalla se afirma que el oficialismo se mantiene en el poder por la práctica de la corrupción. Así de simple.
En otras palabras, lo que explicaría la larga permanencia concertacionista en el gobierno sería la intervención electoral, mediante el uso de fondo públicos con la finalidad de encubrir gastos de campaña.
Da la impresión de que se tiene plena conciencia desde el Gobierno respecto de que no se puede tomar de un modo rutinario el primer caso de falta de probidad detectado. No se puede porque es la primera ocasión donde se “fija la doctrina” que se aplicará a cualquier otra ocasión que se presente.
Por lo mismo, el centro del debate no se presenta en una cuestión de montos. Para la mayoría de los chilenos, lo que supera su sueldo mensual o los ingresos familiares es, simplemente, mucho dinero, aun cuando las cantidades involucradas puedan ser “objetivamente” de dimensiones bastante diferentes.
El tipo de conclusiones que predomine en la opinión pública es determinante de lo que ocurra en lo sucesivo con la evaluación del Gobierno, orientará la estrategia que sigan los dos grandes conglomerados políticos e influirá en las elecciones próximas.
Nuevamente, lo que más importa no son las ventajas o desventajas que se obtengan en el momento sino el cómo es que el tratamiento de este tema termine por afectar al país considerado como un todo y a sus intereses permanentes.
De partida, hay que evitar los grandes errores. Es completamente perjudicial para Chile que un caso de corrupción focalizado, detectado, conocido y en proceso de investigación sea tomado como una confrontación entre oficialistas y opositores. Si así sucediera, se estarían desnaturalizando completamente las cosas.
La división es por honradez, no por bando político
Cuando inescrupulosos defraudan la fe pública, la verdadera división del país se da entre ciudadanos honrados a los que les interesa mantener un país limpio y un grupo de delincuentes.
El corte no es entre bandos políticos. Eso es absurdo y peligroso.
El que recurre al desprestigio generalizado como táctica, cree saber lo que hace. Busca una ventaja política inmediata. Tal vez no se justifique este comportamiento, pero se comprende. Lo decisivo es advertir que se está entrando en un área de peligro. Se trata de la zona más gris de la actividad política, donde no hay nada más fácil que cruzar fronteras borrosas.
Pero cuando se ataca combinando las críticas ante acciones que merecen repudio con suposiciones, generalizaciones e insinuaciones de grueso calibre, lo que ninguno de los involucrados puede decir de antemano, es adónde lo llevará este camino.
Una de las peores cosas que le puede suceder a quien ataca al bulto y sin discriminar, es que él mismo termine creyendo todo lo que dice y especula. Porque entonces entrará en una guerra santa que desemboca en lo de todas estas guerras: al final nadie se acuerda de Dios y sólo queda contar a los caídos, la mayor parte inocentes.
Hay que esperar de la oposición un comportamiento utilitario en este caso. Al menos éste ha sido su proceder inicial. Por esto es tan decisivo el comportamiento del Gobierno y los pasos que adopta de aquí en adelante.
Tan importante es lo que se hace como lo que parece que se hace. La Presidenta Bachelet ha reaccionado apenas regresó de su viaje a Alemania señalando que “a mi gobierno se entra y se sale con las manos limpias”. Acto seguido se han producido los primeros despidos y se están acelerando las indagaciones internas.
La rapidez con que se actúa tiene mucho que ver con la credibilidad. Es la fe pública el bien mayor a preservar y, para afirmarla en un momento clave nada de lo que se hace se pone en ejecución como dudando.
Hay más transparencia
Cuando se hace un mal uso de fondos públicos, el primer afectado es el Gbierno y este debe ser el más interesado en que todo se aclare lo antes posible. Cuando alguien tiene un comportamiento reñido con la ética desde un puesto fiscal, empaña la labor de todos quienes actúan correctamente, con responsabilidad y eficiencia.
Es como si se atribuyera el derecho de actuar mal bajo el manto de legitimidad que otorgan los que actúan bien. Por eso es tan dañino y tan inaceptable.
La transparencia en la entrega de la información y la proactividad en las medidas que se adoptan es el comportamiento obvio a esperar.
Lo único que podría afectar de verdad al Ejecutivo es que las acciones que se emprendan tengan una tardanza innecesaria. No es una situación corriente y no debe ser tratada como tal.
No se debe pasar por alto que la situación se explica porque los controles disponibles están plenamente vigentes. Es más, se puede decir sin ninguna duda que durante el régimen militar se pueden haber cometido irregularidades de las que nunca tendremos la menor noticia.
Cuando una administración se compromete en la protección de conductas inaceptables, el comportamiento es completamente diferente. No hay quien facilite la documentación pertinente, no hay quien esté dispuesto a entregarla. Las dictaduras no sólo hacen desaparecer personas sino también antecedentes sobre sus huellas.
Aquí tenemos un caso de controles efectivos operando. Es más, los últimos años han sido los más activos de la historia nacional en la disminución de la discrecionalidad en el uso de fondos públicos.
No hay más corrupción. Hay más transparencia. Todos terminamos sabiendo lo que se hace, para bien o para mal. No hay cinismo. No hay excusas estúpidas defendiendo lo indefendible.
Y sobre todo hay otra ausencia que está pesando como nunca. No existe el ejemplo desde la cúspide que puede ser imitado por los funcionarios medianos y menores. No hay un ladrón dirigiendo los destinos del país desde la presidencia.
Hay una historia de honorabilidad de tres presidentes electos que declaran lo que tienen al entrar y al salir. Patricio Aylwin se llama sólo Patricio Aylwin y no Juan Soto. A Eduardo Frei no se le olvida declarar cuentas clandestinas con unos cuantos millones de dólares. Ricardo Lagos viaja prestigiándonos por el mundo sin temor a ser arrestado por una lista de crímenes más grande que su currículo.
La Concertación no ha estado bajo el mando de un delincuente. Por eso nos podemos dar el lujo de hacer que las instituciones hagan su trabajo. Que la justicia juzgue sin interferencias. Y podemos tratar cualquier brote de irregularidad con toda la ciudadanía honesta de un lado y los deshonestos (que no tienen color político ni militancia que les importe) del otro lado.
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