La UDI y la píldora

La UDI y la píldora


El gremialismo tuvo una dura prueba con la píldora del día después. Y la reprobó. Se trata de un tema de fondo, que requiere definir una posición más allá de la respuesta populista. Para esto, es preciso tener una misma posición sobre un tema álgido, incluso antes de pedirle al gobierno que diga lo que piensa.

La UDI podía oponerse o aprobar la medida del Ejecutivo, pero no estar en todos los lugares al mismo tiempo: algunos de sus dirigentes aceptaron la píldora, otros “se opusieron” y otros pidieron ser comprensivos con unos y otros.

Bastante mal, la UDI no logró coincidencia en un tema que puso a nivel de principios. Entonces, cuando -además- sale pidiendo explicaciones agresivamente, todo lo que se dice parece comedia del absurdo: lo que se afirma de otros se vincula con los que están en la misma tienda política.

Olvidemos este “detalle”. Tomemos como posición de toda la UDI, la más agresiva. Entonces, si el debate que produce sobre el uso de un fármaco es político, lo responsable es afrontarlo y entrar con fuerza en la defensa de lo que se cree mejor para todos. Así ocurre, por ejemplo, cuando parte del gremialismo dice que esta medida se debe a un fracaso de gobierno en la lucha contra la delincuencia, que quedaría reflejada en los casos de violaciones de menores. Si esta es la posición de que defiende, entonces no hay problema.

Pero cuando se recurre a la objeción de conciencia es hacerlo en otro terreno. La cuestión no es entre el gobierno y un alcalde o varios de ellos; es entre ellos y sus vecinos. De allí no debe salir. Pero demos tiempo para que este diálogo se dé sin un ambiente de presiones y sin que nadie juegue a la víctima. La UDI dio libertad de acción a sus alcaldes que no tengan problemas valóricos respecto de la distribución del fármaco.

¿De qué se trata entonces? Según Longueira, “no se trata de entregar píldoras después de las violaciones, sino de evitar que éstas ocurran”, y que “las madres de Chile quieren que sus hijas no sean objeto de agresiones sexuales cuando salen a la calle”.

¿Qué es tener “éxito” en la lucha contra la delincuencia? ¿Qué las acciones delictuales se reduzcan a cero? Hasta el más exigente sabe que esto no es posible en ningún país. Va contra la evidencia el considerar que las violaciones tienen como hechores a personas fácilmente identificadas como delincuentes. La mayor parte de los violadores son parientes o conocidos de las víctimas, pertenecen al entorno en las que ellas debieran sentirse protegidas. Por esto, el problema no está en proteger a las víctimas “cuando salen a la calle”, sino dentro de sus hogares o de las casas que frecuentan con toda confianza. No hay que perder el centro del verdadero dilema de ética pública. Lo que importa son las víctimas, no los ediles.

Hay aquí una visión autoritaria de las cosas que no corresponde en el caso de funcionarios, como son los alcaldes. Casi todos usan un lenguaje figurado al referirse a la comuna que dirigen: “en mi comuna, yo no permito”, “en mi comuna, yo dedico mis esfuerzos” y “yo le puse plata al consultorio, a la escuela, etc.” cuando se refieren al presupuesto municipal, que no es “su” dinero.

Las comunas no son de los alcaldes. Las municipalidades no son fundos. Si de alguien son, lo son de los vecinos. Un alcalde no permite ni deja de permitir que una norma de vigencia nacional se cumpla. Las que no están pintadas a la espera que los alcaldes decidan por ellas y por sus familiares directos. Familiares y víctimas tienen conciencia y es su decisión la que más importa en estos casos. Esto es lo que procede.

Por hacer esto, Longueira dijo que estamos “viviendo una dictadura”, pero los que realmente hemos sufrido a una -no colaborando con ella, que no es la forma como se las percibe mejor-, sabemos que no se caracterizan por el respeto de las personas y de sus decisiones. A todo el dolor que tienen que soportar las mujeres violadas, no hay necesidad de añadir el hecho que un funcionario se crea con derecho a definir por ellos lo que tienen que hacer luego de sucedido un delito, que es también una tragedo y un trauma.

Si alguien dice que en “su” comuna no pueden entregarse determinado fármaco en “su” consultorio, se está sobrepasando. La comuna es de la víctima, el consultorio está para atenderla, los fármacos deben estar ahí por si la definición de ella y su familia así lo requieren. Lo único inaceptable es que alguien se imponga a la víctima y la obligue en un sentido o en otro. Algo así sería un segundo atentado a la dignidad de la persona afectada. Pero a nadie se la ha ocurrido semejante monstruosidad, a la que habría suficientes motivos como para llamarla totalitaria.

Entiéndase bien: sin importar nuestras diferencias valóricas, es indudable que cada cual tiene que cumplir con los deberes públicos para los cuales fue electo. Comportarse como un ciudadano no como el responsable de su comunidad tal cual es en su diversidad: de los creyentes y los ateos, los hombres y mujeres, de los que quieren hacer uso de un fármaco y de los que no.

El alcalde es un servidor no su amo ni su patrón. Entramos en un período en el que no son los alcaldes quien decide que tan acertadamente opinan y juzgan sus ciudadanos. Habrá el momento de recordar episodios como el de los alcaldes de la UDI y la píldora del día después.

El gremialismo tuvo una dura prueba con la píldora del día después. Y la reprobó. Se trata de un tema de fondo, que requiere definir una posición más allá de la respuesta populista. Para esto, es preciso tener una misma posición sobre un tema álgido, incluso antes de pedirle al gobierno que diga lo que piensa.

La UDI podía oponerse o aprobar la medida del Ejecutivo, pero no estar en todos los lugares al mismo tiempo: algunos de sus dirigentes aceptaron la píldora, otros “se opusieron” y otros pidieron ser comprensivos con unos y otros.

Bastante mal, la UDI no logró coincidencia en un tema que puso a nivel de principios. Entonces, cuando -además- sale pidiendo explicaciones agresivamente, todo lo que se dice parece comedia del absurdo: lo que se afirma de otros se vincula con los que están en la misma tienda política.

Olvidemos este “detalle”. Tomemos como posición de toda la UDI, la más agresiva. Entonces, si el debate que produce sobre el uso de un fármaco es político, lo responsable es afrontarlo y entrar con fuerza en la defensa de lo que se cree mejor para todos. Así ocurre, por ejemplo, cuando parte del gremialismo dice que esta medida se debe a un fracaso de gobierno en la lucha contra la delincuencia, que quedaría reflejada en los casos de violaciones de menores. Si esta es la posición de que defiende, entonces no hay problema.

Pero cuando se recurre a la objeción de conciencia es hacerlo en otro terreno. La cuestión no es entre el gobierno y un alcalde o varios de ellos; es entre ellos y sus vecinos. De allí no debe salir. Pero demos tiempo para que este diálogo se dé sin un ambiente de presiones y sin que nadie juegue a la víctima. La UDI dio libertad de acción a sus alcaldes que no tengan problemas valóricos respecto de la distribución del fármaco.

¿De qué se trata entonces? Según Longueira, “no se trata de entregar píldoras después de las violaciones, sino de evitar que éstas ocurran”, y que “las madres de Chile quieren que sus hijas no sean objeto de agresiones sexuales cuando salen a la calle”.

¿Qué es tener “éxito” en la lucha contra la delincuencia? ¿Qué las acciones delictuales se reduzcan a cero? Hasta el más exigente sabe que esto no es posible en ningún país. Va contra la evidencia el considerar que las violaciones tienen como hechores a personas fácilmente identificadas como delincuentes. La mayor parte de los violadores son parientes o conocidos de las víctimas, pertenecen al entorno en las que ellas debieran sentirse protegidas. Por esto, el problema no está en proteger a las víctimas “cuando salen a la calle”, sino dentro de sus hogares o de las casas que frecuentan con toda confianza. No hay que perder el centro del verdadero dilema de ética pública. Lo que importa son las víctimas, no los ediles.

Hay aquí una visión autoritaria de las cosas que no corresponde en el caso de funcionarios, como son los alcaldes. Casi todos usan un lenguaje figurado al referirse a la comuna que dirigen: “en mi comuna, yo no permito”, “en mi comuna, yo dedico mis esfuerzos” y “yo le puse plata al consultorio, a la escuela, etc.” cuando se refieren al presupuesto municipal, que no es “su” dinero.

Las comunas no son de los alcaldes. Las municipalidades no son fundos. Si de alguien son, lo son de los vecinos. Un alcalde no permite ni deja de permitir que una norma de vigencia nacional se cumpla. Las que no están pintadas a la espera que los alcaldes decidan por ellas y por sus familiares directos. Familiares y víctimas tienen conciencia y es su decisión la que más importa en estos casos. Esto es lo que procede.

Por hacer esto, Longueira dijo que estamos “viviendo una dictadura”, pero los que realmente hemos sufrido a una -no colaborando con ella, que no es la forma como se las percibe mejor-, sabemos que no se caracterizan por el respeto de las personas y de sus decisiones. A todo el dolor que tienen que soportar las mujeres violadas, no hay necesidad de añadir el hecho que un funcionario se crea con derecho a definir por ellos lo que tienen que hacer luego de sucedido un delito, que es también una tragedo y un trauma.

Si alguien dice que en “su” comuna no pueden entregarse determinado fármaco en “su” consultorio, se está sobrepasando. La comuna es de la víctima, el consultorio está para atenderla, los fármacos deben estar ahí por si la definición de ella y su familia así lo requieren. Lo único inaceptable es que alguien se imponga a la víctima y la obligue en un sentido o en otro. Algo así sería un segundo atentado a la dignidad de la persona afectada. Pero a nadie se la ha ocurrido semejante monstruosidad, a la que habría suficientes motivos como para llamarla totalitaria.

Entiéndase bien: sin importar nuestras diferencias valóricas, es indudable que cada cual tiene que cumplir con los deberes públicos para los cuales fue electo. Comportarse como un ciudadano no como el responsable de su comunidad tal cual es en su diversidad: de los creyentes y los ateos, los hombres y mujeres, de los que quieren hacer uso de un fármaco y de los que no.

El alcalde es un servidor no su amo ni su patrón. Entramos en un período en el que no son los alcaldes quien decide que tan acertadamente opinan y juzgan sus ciudadanos. Habrá el momento de recordar episodios como el de los alcaldes de la UDI y la píldora del día después.